La sociedad contemporánea es plural y compleja; está constituida por grupos y personas que profesan creencias ideológicas, políticas, religiosas y éticas disímiles, y, en ocasiones, incompatibles; e igual ocurre con gustos y estéticas, con aficiones y costumbres, y con metas en la vida que dichos grupos o individuos se proponen. En las democracias liberales occidentales, el reconocimiento de tal pluralidad es la piedra angular sobre la que se construye el sistema político y se expresa en la primacía de los derechos fundamentales ─el conjunto de libertades y derechos inalienables que deben garantizársele a cada individuo─ sobre cualquier otro tipo de derecho; y el reconocimiento de otros derechos, como los económicos y sociales, y los medioambientales, en la medida que la mejora de las condiciones económico sociales lo permitan; así como derechos de grupo, que no violen a los fundamentales.

     ¿Y cómo maneja el estado semejante complejidad? Con un ordenamiento jurídico-político que asegure la jerarquización de derechos

mencionados, lo que requiere que los distintos grupos y los individuos tengan la posibilidad de expresarse políticamente; participar en el gobierno y elegir y ser elegido.

     Y esto es posible porque la sociedad política se agrupa en tendencias y se organiza en torno a ellas. De hecho, distintos individuos pueden compartir visiones sobre la manera como se relacionan los derechos (desde los que consideran que la libertad económica no puede ser interferida por el Estado, hasta quienes piensan que dicha intervención  en el mercado debe ser definitoria y altamente reguladora); sobre valores de vida (entre quienes piensan que el aborto debe ser prohibido en todos los casos, hasta los que creen que debe ser libre; e igual vale para la eutanasia, las preferencias, sexuales, etc.; sobre derechos colectivos (entre los que afirman que ciertas comunidades, como las indígenas o las afrodescendientes, tienen derecho a altas dosis de autogobierno hasta los que

piensan que esas concesiones son una cortapisa para los derechos individuales de los miembros de esas comunidades); etc.

     Para participar y tener la opción de gobernar, esos individuos se agrupan en torno a organizaciones que se denominan partidos políticos. Estos surgen, en consecuencia, porque el abigarramiento que produce la diversidad debe simplificarse en colectividades que representen las creencias políticas, sociales, religiosas, etc., de los individuos que pueden identificarse

con los postulados que el partido que les satisface, para hacer la política manejable.

     En las sociedades liberales es común que haya dos grandes partidos, como en USA, o un número pequeño, por ejemplo, cuatro en España, más algunas formaciones que defienden reivindicaciones territoriales regionales. Pero esto se da siempre por razones ideológicas, políticas, etc. Incluso, en los casos en que grupos nacionalistas se oponen a la migración proveniente del tercer mundo. Y desde el punto de vista organizativo, tienen reglas para tramitar sus diferencias internas; y como en las democracias liberales los partidos se crean para acceder el poder, la manera como se eligen los candidatos a las distintas instancias de representación está estrictamente reglamentada, hay listas cerradas y todos los posibles candidatos se acogen al procedimiento acordado por los estatutos.

     En Colombia es distinto. Hay dos colectividades históricas, el partido liberal y el conservador, y con el tiempo han ido surgiendo otras; pero en todas, hay tantas tendencias como candidatos a un cargo de elección. En ellas, nunca las divisiones obedecen a criterios programáticos. Cada cual puede invocar el nombre del partido y buscar su aval, pero no hay una lista única que concierna al ideario colectivo del partido y escogida, sino una múltiple, que tiene que ver con los intereses particulares de los candidatos. Es una colcha de retazos que carece de unidad. Ellos no obedecen al 

programa del partido, sino al suyo propio, que es hacerse elegir al costo que sea y al precio que sea, recuperar la inversión y obtener ganancias económicas, porque para ellos no hay compromiso ideológico. Allí está una de las fuentes más importantes de la corrupción. Son las famosas microempresas electorales.

     Y aunque ahora existe la ley de bancadas, el hecho es que cualquiera, por la razón que sea, puede votar como lo parezca, invocando la objeción de conciencia, porque, a pesar de que es la bancada la que determina cuando un miembro del partido puede usar esta figura,  “la norma contempla

que este también podrá apartarse de las decisiones de bancada por razones de conveniencia política, de trámite legislativo o controversia regional en el caso de la Cámara de Representantes”

(http://www.senado.gov.co/mision/item/23396-la-ley-de-bancadas-fortalecio-el-control-politico-en-el-congreso).

     De manera que, la lista cerrada es una necesidad política para modernizar nuestra democracia y para evitar la corrupción. Que ahora, en la reforma política esa iniciativa tenga problemas, refleja la privatización de la política que nos corre desde siempre. Hay que exigir que el congreso la apruebe.