Nota de director: Con suma complacencia damos cabida al presente artículo de la autoría del economista, docente, exrector de la Universidad del Atlántico y presidente del Congreso Iberoamericano y Nacional por una Educación de Calidad, Ubaldo Enrique Meza Ricardo. Bienvenidos a El Muelle Caribe el doctor Meza Ricardo y su pensamiento.

     Tomé conciencia de la importancia de la educación como potente palanca del desarrollo social desde mi juventud, gracias a mi vínculo con una corriente de pensamiento científica y progresista que ha hecho importantes aportes en el quehacer nacional, y también a mi relación práctica con el movimiento estudiantil de la década del 70 del siglo pasado. Este movimiento, tal como hoy acontece, movilizó amplios sectores de la sociedad en favor de una

Educación Pública Estatal, Científica, Democrática y al real servicio de los intereses de la nación. En ese sentido debemos reconocer que las grandes movilizaciones de hoy han obligado al gobierno a instituir una Mesa de Diálogo y Concertación, que habrá de hacer el seguimiento y evaluación necesarios de las propuestas universitarias para asegurar el cumplimiento de los acuerdos logrados.

Posteriormente, al llegar a la rectoría de la Universidad del Atlántico el 30 de diciembre de 1997 hasta el 5 de abril de 2001, y persuadido de que esa tarea requería de una acción integral de las universidades, así como la de rectificar las deficiencias  académicas, administrativas y financieras que obstaculizaban su cometido misional y como pionero de esta  tarea, me impuse tempranamente, como propósito, liderar la creación de un escenario donde todos los actores institucionales del ámbito universitario estatal pudiesen concurrir para intercambiar información y pareceres, en aras de cumplir con los elevados propósitos que se le señalan a la universidad. Fue así como en marzo de 1998, tuve la iniciativa de convocar en Barranquilla el Primer Encuentro de Rectores Universitarios 

que contó con la participación de los colegas de la Universidad Popular del Cesar, de Cartagena, de Sucre, del Magdalena, de La Guajira y, obviamente, de la mía, en representación de la Universidad del Atlántico. Además de la perspectiva que ese encuentro ofrecía respecto a las potencialidades y flaquezas de nuestras universidades.

     Visualizamos que ese objetivo podía alcanzarse entre otras cosas impulsando la cooperación internacional con Centros superiores del área del Caribe, para el  fruto más importante que de él  se debe destacar fue la voluntad de fortalecer el sistema de universidades estatales en nuestra región, que dio su primer paso cuatro meses después con la creación del Consejo de Rectores de las siete (7) universidades públicas del Caribe colombiano y posteriormente con la fundación del SUE Caribe; organismo que tuve el privilegio de presidir y desde el cual auné esfuerzos con mis pares de la universidad pública, para fortalecerla y ensanchar sus fronteras formativas; tanto es así, que en un año realizamos reuniones también en Montería, Sincelejo, Cartagena y Santa Marta, en esta última ciudad, en septiembre de 1999, le hicimos entrega de la presidencia al colega Carlos Caicedo Omar, rector de la Universidad del Magdalena.

     Aquí es bueno destacar que los 32 rectores de las universidades públicas de Colombia, nos hicieron el honor de hacer parte de la junta directiva y como Vice presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) Nacional. Se eligió como presidente a Gustavo Téllez (qepd), rector en ese momento de la Universidad Pedagógica Nacional. Pero más allá de las consideraciones particulares, en un sentido más amplio, esa articulación de esfuerzos apuntaba al forjamiento en nuestra región de una academia de alto nivel en sus recursos docentes e investigativos, para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y que así pudieran afrontar los retos del nuevo milenio.

     Implementar nuevos programas de pregrado y posgrado acordes con las demandas del desarrollo en nuestra región y combinando nuestros propios esfuerzos con la iniciativa privada y las entidades públicas para vincular el

recurso humano calificado de nuestra universidad pública al desarrollo de grandes proyectos de interés colectivo, a través de la política de extensión y prestación de servicios. Entre los beneficios que ofrecía la creación de un espacio interinstitucional como el SUE Caribe, no es desdeñable el de contar con una RED, “hoy vivita y coleando”, de interlocución apropiada para discutir y concertar con las diversas instancias del Gobierno nacional la apropiación de los recursos financieros que garanticen, en primer término, su normalidad académica, laboral y administrativa, pero también la planeación de su crecimiento.

     En ese orden de ideas, en aquel momento, nos propusimos un frente común para defender la universidad pública de la región y le presentamos al Gobierno nacional un plan de inversiones de las siete universidades que ascendía a 150 mil millones de pesos. Desde ese instante es mucha el agua que ha corrido bajo los puentes, las sumas que hoy se demandan son mayores. Es innegable que ha habido crecimiento. Pero también los problemas han crecido como consecuencia de lo que puede considerarse como el talón de Aquiles de toda la educación pública en Colombia: su asfixia financiera. Como dijo Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle, si el estado insiste en pasarle los recursos al ICETEX será la muerte de las universidades públicas.

     Es menester reconocer que las universidades estatales del Caribe en su conjunto siguen con un déficit financiero considerable. Para no hablar del déficit nacional de la educación pública superior, que exhibe dimensiones astronómicas (más de 18 billones); tema que, por ser ya de dominio público, no requeriría más gasto de palabras, si no fuera porque en muchos sectores no hay todavía suficiente claridad sobre la raíz del problema: las políticas públicas del Estado, que tienden a aniquilar la universidad pública y que exigen una reacción de la sociedad entera para salvar nuestra universidad.

     ¿Cómo no promover la causa de la salvación de nuestras universidades públicas siendo que ellas son la única oportunidad que tiene la gran mayoría de la población del Caribe, que es muy pobre, para cambiar su vida? Y es que el Estado no puede obrar en desmedro de la educación pública que por ley está obligado a defender y promover. Pero lo viene haciendo, y esta contradicción que se supone inverosímil en una democracia, de un Estado que desobedece la voluntad suprema de la ley, ocurre cuando ese Estado atenta contra un derecho fundamental colectivo, como es el derecho al conocimiento, para privilegiar intereses con rentabilidad financiera y no con rentabilidad social.

     Es decir, hemos avanzado, pero seguimos evidenciando muchas falencias; pero el mayor y el más preocupante es el de nuestra conciencia. Rezago que continuará indemne, mientras no identifiquemos la raíz del problema de la educación pública superior, que es un problema estructural, como acertadamente lo señala Julián de Zubiría. La estructura de la política educativa financiera del Estado, que obliga a las universidades a que aumenten el número de estudiantes y su acreditación de alta calidad sin aumentar los aportes presupuestales; la estructura de una política que obliga a nuestros centros de educación superior públicos a aceptar convenios de concurrencia lesivos; la política que desconoce el derecho a la educación con calidad, los derechos laborales y las aspiraciones justas de promoción y remuneración de los servidores de la Universidad.

     ¿Y qué universidad pública entonces queremos? Una universidad con la mayor cobertura posible en la ciudad y el campo; con acreditación de

alta calidad, que forme buenos profesionales con pensamiento crítico; que tenga pertinencia; es decir, una universidad que opine y responda a las necesidades planteadas por la región; que promueva convenios de cooperación internacional, que incentiven la movilidad de estudiantes y profesores. Y, finalmente, una universidad inclusiva, con responsabilidad social, en función de las demandas del postconflicto y presencia en las zonas rurales marginadas.

     Nuestra universidad puede y debe jugar el papel de una verdadera potencia productiva, científica y cultural, el de una genuina fuerza y un irreductible baluarte de la nacionalidad, de los valores y progresos de nuestra población caribe. Defender el derecho a la educación y de manera especial la universidad pública, es, como hace 20 años Gabriel García Márquez escribió en el texto ‘Por un país al alcance de los niños’: “Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma”.

UBALDO ENRIQUE MEZA RICARDO

*Doctor en Ciencias de la Educación, Colegio de Estudios de Posgrados de Ciudad de México. Magister en Dirección Universitaria, Universidad de los Andes. Participante del Simposio Permanente sobre la Universidad, Universidad del Norte-Uniatlantico-Universidad Javeriana-ASCUN. Economista, Docente y Ex rector de la Universidad del Atlántico. Presidente del Congreso Iberoamericano y Nacional por una Educación de Calidad.