a Justicia Especial Para la Paz, con algunos tropiezos, está operando. A la fecha, de un total de 11.468 personas que han comparecido, en su mayoría ex combatientes de las Farc, también con la inclusión de ex miembros de la Fuerza Pública, con 1.914 militares y policías, entre ellos el general Mario Montoya, 

ex comandante de las fuerzas militares; y ya han admitido el sometimiento voluntario de 33 personas de otros Agentes del Estado, como, por ejemplo, los ex congresistas Álvaro Ashton y David Char, seguramente en busca de recuperar su buen nombre, en términos comerciales, y quién sabe si otros aspiran a rehabilitar sus derechos políticos o reintegrarse a sus cargos públicos. En todos estos casos, más allá de las interpretaciones jurídicas sobre la participación de terceros, la pregunta acá sería: ¿Qué pasa con los agentes del Estado, sean servidores públicos o designados a cargos o corporaciones públicas de elección popular, que aún no se han decidido a comparecer a la JEP, como una alternativa viable, para solucionar sus entuertos judiciales?

     Es posible le teman a que sea una Caja de Pandora o a que se revivan situaciones adversas del pasado o están en una franja de confort, con sus redes de apoyo ocupando los espacios públicos que consideran propios. También, que no tengan información pertinente o no la quieran revelar por miedo, conveniencia o por seguridad jurídica, pensando que así sean aceptados, terminen por ser excluidos del sistema y puedan perder los beneficios de este modelo de justicia restaurativa, en el que son determinantes los aportes a la verdad, a la garantía de reparación de las víctimas y de no repetición, de quienes se sometan al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Quizás no hayan digerido aún, que bajo el principio de favorabilidad y del debido proceso, hay un tratamiento especial, simétrico, diferenciado, simultáneo, equitativo, y equilibrado, a quienes se presenten voluntariamente a esta jurisdicción, en los 3 años siguientes de su puesta en marcha. En ese sentido, el sistema incluye criterios de priorización, penas alternativas, sistema de asesoría y defensa técnica gratuita, y hasta la suspensión de la ejecución de las penas, o condicionada de la acción penal, entre otras posibilidades, de las que estos actores podrán echar mano para cerrar este perverso capítulo de la historia de la humanidad. 

     Para el departamento del Magdalena, uno de los más golpeados por la cola, en los últimos tiempos del conflicto armado, del paramilitarismo, de los carteles de la corrupción y por las mafias del narcotráfico, además de verse sometido al escarnio público, como protagonista del escándalo de la parapolítica, aún no clausurado, que llevó a que hasta se llamara un patio de la cárcel La Picota en Bogotá “el Barrio Samario”, quizás en virtud de que casi una generación de políticos locales, quedó tras las rejas, por sus alianzas non sanctas con las Autodefensas Unidas de Colombia.

     Poco a poco se ha revelado que los grupos armados ilegales, en este caso las autodefensas, para su ejercicio contrainsurgente, sólo podían operar a sus anchas, si establecían alianzas (con contrapartidas onerosas, agregadas a su accionar criminal) con los actores claves del territorio, como los clanes políticos, algunos agentes del Estado, las

élites y mafias regionales y nacionales, y, entre otros, un núcleo de empresarios, con el fin de mantener los privilegios e intereses de poder, para imponer un nuevo orden político y económico, a través del fenómeno social y cultural del paramilitarismo, que partía del mito fundacional de la falta de presencia del Estado, que posibilitaba la anomia y la autocomposición, y de alguna que otra venganza personal. Tal vez por esto, se ha sostenido que, en el departamento del Magdalena, con contadas excepciones, nadie podía hacer política sin el beneplácito de los actores armados. Era un territorio de guerra. Quizás, también, en esa vía, algunos sostienen la tesis de que hay más responsabilidad colectiva y del Estado, que individual. 

     De todos modos, en muchos casos, más que una estrategia contrainsurgente, estas alianzas, del escándalo denominado la Parapolítica, sirvieron para imponer candidaturas, en algunos ocasiones únicas, como a la Gobernación del Magdalena y a la del Cesar, por ejemplo, con presiones armadas a quienes pretendieran disputarle el territorio; además, permitieron perpetuar los poderes políticos regionales, con el secuestro de las rentas públicas; renacer élites venidas a menos, con la financiación recibida a cambio de contratos u otros recursos; parcelar el electorado, para lograr escaños en corporaciones públicas o cargos locales al servicio de actores armados; nóminas de autoridades a sueldo, para borrar evidencias, colaborar con información o hasta manufacturar pruebas contra sus contradictores; también, posibilitaron una mayor concentración inequitativa de la riqueza, despojo de tierras y una gran fábrica de víctimas.

     En este punto, cabe la tesis de que esta mesa, para poder estar de pie, requiere de sus cuatro patas: ex combatientes insurgentes, ex miembros de la Fuerza Pública, otros Agentes del Estado y los llamados Terceros. Desde esa perspectiva, se insiste en que lo definitivo es el aporte a la verdad, a la reparación a las víctimas y a la garantía de no repetición, de quienes comparezcan de forma imperativa o de manera voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz; y que haya una relación de las conductas o actividades desplegadas, producto de estas alianzas, en el marco del conflicto armado, con participación, con división del trabajo, en la estructura político militar del grupo armado al margen de la ley.

     Al final de cuentas, la Jurisdicción Especial para la Paz, permite un tratamiento especial a los Agentes del Estado que se sometan de manera voluntaria a su competencia, a través de acuerdos especiales o sanciones alternativas de justicia restaurativa, como amalgama de la reconciliación. Sin embargo, bajo la idea que se ha sembrado de que la JEP tiene un sesgo político, si no se presentan o se amplía la esfera de la misma, se va a dejar a un lado la posibilidad de avanzar en la construcción colectiva de la Paz, con una especie de Juicios de Núremberg, en un tribunal, con reglas propias y temporales, fruto de una solución política dialogada, en un escenario, en que no hay vencedores ni vencidos, sino está presente el anhelo de reconciliación. Ojalá todos los actores del conflicto armado aprovechen la oportunidad, en los perentorios términos legales del sistema y comparezcan a la JEP. No nos arrebaten la esperanza de Paz.

@rvillasanchez 

Santa Marta, DTCH, 22 de octubre de 2018