La crisis de la educación superior en Colombia ha provocado en los últimos días una reacción masiva de los estamentos educativos y de la sociedad entera. Más de un millón de estudiantes, profesores y ciudadanos indignados han salido a las calles en defensa de la universidad pública, asfixiada por un déficit de 18 billones de pesos, para exigirle al Estado su adecuada financiación y reclamar que la educación pública en su conjunto, verdadero baluarte de la nación, sea científica, democrática y popular.

     A propósito de este tema, cuesta creer que en Colombia existan funcionarios que buscan acabar con la universidad pública. Pero una clara evidencia de que eso es cierto y que ese propósito es una nefasta política de Estado, lo ofrece el caso de la Universidad del Atlántico, donde una conspiración urdida por altos funcionarios gubernamentales se propuso hace 15 años golpear ese centro de estudios que tuve el honor de dirigir entre los años 1997 y 2001. Parte del macabro plan fue escogerme a mí como chivo expiatorio para desacreditar la legitimidad de la universidad pública, en represalia por haber asumido la defensa de nuestra alma mater.

     El pretexto para el tortuoso proceso judicial que se tramó y se ejecutó desde el despacho del ministro de Hacienda de aquel entonces, Alberto Carrasquilla Moreno, quien ahora repite en esa cartera, era el pago de los derechos pensionales de profesores y trabajadores que yo había hecho en cumplimiento forzoso de la convención colectiva de trabajo vigente, actuación que a través de una campaña mediática difamatoria fue calificada como dolosa.

     Se argumentó entonces que la Universidad del Atlántico era una carga fiscal inútil, pero la razón de fondo era llevarla a un raquitismo académico y ponerla en desventaja frente a la universidad privada. En contravía de esos propósitos ocultos, como rector de Uniatlántico me había convertido en una piedra en el zapato del Ministerio, habiéndome negado a aceptar un convenio de concurrencia que finalmente condujo a la quiebra de la universidad con la Ley 550. Nos encontrábamos por aquel tiempo en el proceso de transición del anterior modelo económico del Estado Benefactor, en cuyo marco nacieron las convenciones colectivas de trabajo, y el modelo Neoliberal vigente hoy, que se ve reflejado en la decisión del ministro.

     No valió la ingente labor administrativa y académica adelantada desde la Universidad del Atlántico para profundizar la misión de la universidad pública,

impulsando la cooperación internacional y la adopción de nuevos programas acordes con las exigencias del desarrollo regional. Uniatlántico asumió en esa época un liderazgo académico que la llevó a ubicarse como una de las cinco mejores universidades del país. Pero preocupaba sí, que el rector de una universidad de provincia se resistiera a cumplir las draconianas exigencias del Ministerio de adoptar políticas que en la práctica significaban la invalidez de la universidad pública.

     Se hacía, pues, necesario, sentar un precedente de escarmiento en cabeza del rector rebelde, que al tiempo sirviera para entronizar el neoliberalismo en la universidad, “con limpie y todo”, como decimos en la Costa en el juego de boliche. Así que se puso en marcha un plan protervo en el año 2006 por el hoy cuestionado ministro Carrasquilla, para judicializar la universidad, así como hoy se judicializa la protesta social.  En la tramoya se vio involucrado el aparato judicial, a través de un asesor jurídico del Ministerio de Hacienda que había sido el proyectista de la demanda y después, en el colmo de la vileza, fue nombrado vice fiscal.

     Armaron entonces un vergonzoso sainete en la Universidad del Atlántico, trayendo una funcionaria de tercera categoría del Ministerio de Hacienda y la nombraron rectora, y con unos abogados y unos acólitos deshonestos reclutados en la prensa turiferaria, desataron una campaña difamatoria contra los pensionados y contra la convención colectiva. En lugar de recuperar a la universidad, como mediáticamente se informó, la funcionaria lo que hizo finalmente fue crear una nómina paralela, que todavía hoy, 15 años después de su posesión, representa una

onerosa carga económica para la universidad.

     En el epílogo de esta historia, extrañamente un juez de circuito de Barranquilla, desconociendo los argumentos de instancias superiores como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado, profirió un fallo condenatorio que en la apelación fue confirmado por el Tribunal Superior de Barranquilla. Entonces mi defensa nuevamente apeló ante la Corte Suprema de Justicia, que me otorgó la absolución definitiva de todos los cargos en sentencia proferida el día 26 de septiembre pasado.

     Además de despejar toda duda sobre la transparencia de mi actuación administrativa, la Corte aclara el tema de la legalidad de las pensiones convencionales, sentando jurisprudencia en materia tan 

importante como es el principio de congruencia desestimado por losjueces, decisión que ha sido destacada por importantes especialistas en el tema, como es el caso de Ámbito Jurídico. Este histórico fallo también implica para el Ministerio de Hacienda la obligación de responder a los compromisos pendientes con la Universidad del Atlántico que sobrepasan los 500 mil millones de pesos, sustracción que ha afectado gravemente al cuerpo docente y administrativo y ha incidido negativamente en la no acreditación de la universidad y en el normal cumplimiento de sus funciones misionales.

     Con esta decisión la Corte cierra el capítulo de desinformación, persecución y mentiras, orquestado por detractores políticos de dentro y fuera de la Universidad contra el suscrito. Al absolverme de manera definitiva la Corte también le concede un triunfo resonante a la Universidad del Atlántico y por extensión a toda la educación pública superior, en una batalla librada contra un verdadero Goliat de la iniquidad como el ministro Carrasquilla, representante y líder conspicuo de un modelo económico y político neoliberal que se encuentra en la picota de la opinión pública nacional.

UBALDO ENRIQUE RICARDO

*Doctor en Ciencias de la Educación, Colegio de Estudios de Posgrados de Ciudad de México. Magister en Dirección Universitaria, Universidad de los Andes. Participante del Simposio Permanente sobre la Universidad, Universidad del Norte-Uniatlántico-Universidad Javeriana-ASCUN. Economista, Docente y Ex rector de la Universidad del Atlántico. Presidente del Congreso Iberoamericano y Nacional por una Educación de Calidad.