Robarse la plata de la salud es un delito mayor que debería castigarse de manera ejemplar y sin ningún tipo de atenuantes. No solo por los dineros, que todos aportamos, sino, más grave aún, porque estos desfalcos o robos ponen en riesgo el bienestar, la integridad y la vida de la mayoría de los colombianos. Sin embargo, este proceder, que debería calificarse de infamia, vergonzosamente, a juzgar por los informes oficiales, se ha convertido en la norma y, a partir de las abultadas cifras, en la práctica ya no causa asombro, empezando por las autoridades encargadas de salvaguardar unos bienes que deberían ser sagrados e intocables. Para la muestra están las 18 rutas, mecanismos, vías o modus operandi que siguen los saqueadores del sector de la salud, que fueron dadas a conocer el domingo pasado por el diario El Tiempo, con base en investigaciones e informes de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, los cuales configuran un crimen continuado 

y que la mayoría de las veces permanecen impune para la burla de todos los colombianos.

     Se puede decir que en el país no ha habido éxito en cuanto a la lucha por erradicar la corrupción especialmente en las entidades oficiales, muy a pesar de los cambios que se dieron con la Constitución de 1991, donde se hizo la descentralización del gobierno, pensando que sería una solución a esta situación porque los entes de control como la Procuraduría, Contraloría y Fiscalías regionales, en conjunto con las comunidades estarían dispuestas a defender y fiscalizar los recursos que se destinaban para cada uno de los departamentos, pero no fue así, se tiene un país donde quienes desempeñan cargos públicos se dejan permear por estrategias fraudulentas existentes gracias a la falta de compromiso de sus habitantes para fiscalizar la gestión de los funcionarios públicos. Se concluye que es indispensable crear programas educativos donde la ética y la moral sean incluidas de manera transversal durante el proceso de aprendizaje, para que de forma natural cada uno actúe dentro del cumplimiento de los valores humanos, con responsabilidad hacia su propia nación y endurecer las leyes que castigan esos delitos como lo hiciera desde la 

Independencia el Libertador Simón Bolívar.

     Desde siempre se ha sabido, por ejemplo, que los recursos del régimen subsidiado son, en algunas regiones y municipios, un verdadero botín del que echan mano no solo organizaciones al margen de la ley, sino politiqueros de todo cuño, directores de hospitales, proveedores, toda clase de carteles, mafias y hasta médicos organizados en verdaderas bandas, provistas de una habilidad sin límites para permear las grietas que deja la frágil vigilancia en estos lugares.

     Es hora de que la justicia tome en serio este tipo de crímenes con los dineros de la salud y los penalice de manera ejemplar. Pero, por los lados del régimen contributivo, la situación no es mejor. La duplicación de afiliados y la compensación por personas inexistentes, la inducción de demanda que hacen clínicas y hospitales para aumentar la facturación, los sobrecostos en los medicamentos y la orientación específica de servicios hacia proveedores e instituciones de dudosa reputación están a la vista de todos, sin que se tome ninguna medida. Claro pero que puede pasar con la salud de un país donde el Ministro hace dos años está enfermo y donde la “justicia” castiga al Superintendente porque avaló las decisiones que sobre Eps Medimás tomó el Ministro de la cartera…Hágame el favor, se castiga al vigilante en vez de al jefe.

     Todo lo anterior sin contar que Colombia es el único lugar del mundo en donde la atención de enfermedades de alto costo es en muchos sitios terreno abonado para esquilmar en forma organizada las arcas sanitarias, todo a expensas de los esfuerzos que ha hecho el país para garantizar su cobertura plena. Los carteles del sida, de la hemofilia, de la epilepsia, del síndrome de Down, de las gafas y hasta de los tratamientos odontológicos son muestras de estas fechorías.

     Y, ante tal panorama, el ejercicio más inocuo que se puede hacer es tratar de cuantificar estos desvíos cada año, simplemente porque se miden en billones de pesos, sin mencionar el grave daño que ello causa a todo nivel. Por Dios, ha llegado hora en que la justicia tome en serio este tipo de crímenes y los penalice de modo ejemplar. Lo cual no impide que los responsables de regular la salud en todos los niveles revisen, de una vez por todas, los tortuosos procesos que facilitan el actuar de estos ladrones, algunos de ellos bien ubicados en esas instancias. Pero dirán los lectores ¿Cuál justicia si por allí también funciona el cartel de la toga? Entonces diremos que este es el apaga y vámonos.

     No hay dudas que la implementación de la Ley 100 y todos sus decretos reglamentarios, el proceso de descentralización, el giros a las regiones, el sistemas de facturación, las compras al menudeo, la falta de autorregulación de los profesionales, la nula vigilancia y control y la forma como se eligen los directores de hospitales y secretarios de Salud serían buenos elementos para empezar en esta inaplazable tarea de mostrar eficiencia y mejoría en los servicios de salud, que debe sumarse a la de buscar más recursos y sobre todo a darle un giro al errático, costoso e ineficiente sistema curativo en salud por el sistema preventivo, para el cual contamos con todas las herramientas normativas para hacerlo, como la Ley 1751 del 2015 o Ley Estatutaria de Salud, que el próximo 16 de Febrero cumple 3 años de haber sido firmada y lanzada con bombos y platillos por el Presidente Santos, tema que trataremos la próxima semana con el títuloLa Ley estatutaria en salud otra letra muerta en Colombia.