Por Alonso Ramírez C.

     Con el movimiento constituyente de 1990 y su producto la Constitución de 1991, ganó fuerza el concepto de la descentralización en nuestro país, se trataba de fundar un Estado unitario pero descentralizado en sus entidades territoriales —departamentos, municipios, provincias, regiones— que posibilitaran profundizar la democracia o, al menos, acercarla más a los habitantes que conforman el vasto  territorio nacional en la participación de asuntos públicos de interés regional y en la escogencia de modelos de Estados conforme a la idiosincrasia y cultura de cada territorio.

     Se trataba de pasar de la mera delegación de funciones para asumir decisiones sobre asuntos de política en grande, como es el desarrollo regional, la internalización de las regiones en la época actual, que demandan pensar globalmente, actuando localmente o regionalmente, según el caso, y, en últimas, asumir la autonomía territorial como forma de democracia participativa en los territorios y en el reconocimiento y desarrollo de eso que llamamos “identidad territorial”.

     No se trataba solamente, como afirman algunos expertos en el tema, de “contener las interferencias y usurpaciones del gobierno central”, no era un problema con el Estado central de quién se iba a quedar con la plata, era el sueño aplazado de las identidades territoriales que, para poner un ejemplo sencillo, implicaba preguntarse: ¿Qué tienen de común un pastuso con un guajiro como colombiano? en el entendido de que el primero se asemeja más a un ecuatoriano —no solamente por la ruana y el sombrero— y el segundo a un venezolano del otro lado de la raya de Maicao… O ver qué tanto tienen de común el de Tumaco con el de Pasto, como nariñenses. Se trataba, ni más ni menos, de mirar las relaciones identitarias de un Estado que reconocía, solo verbalmente, que “estamos en un país de regiones”.

     Asuntos como estos eran los que discutíamos con el doctor Luis Villar Borda en las clases de la maestría en gobierno municipal en la Universidad Externado de Colombia, eran clases vivas y electrizantes, como deben ser las escuelas de vida que muchos eruditos de las academias olvidan. A esos encuentros llegaron como invitados, no los doctos, sino los representantes de las naciones indígenas y de las negritudes a exponer sus cosmovisiones de cómo percibían la construcción de un nuevo Estado, a la luz de la Constitución del 91.

     Pero la luz se apagó por un instante al final de la década de los noventa y en la primera década del siglo XXI, con la indebida y descarada expropiación de los recursos públicos, es decir: los dineros que otorgaba el Estado Central  para educación, salud, agua potable y saneamiento básico a las entidades territoriales —E.T.— por parte de  los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe para subsidiar, en el primer caso, al sistema bancario que se declaró en quiebra y, en el segundo caso, para financiar la política de seguridad democrática. Como resultado de esto, cerca de cien billones de pesos mal contados, destinados para estos sectores, fueron absorbidos por el centralismo, contrariando el mandato constitucional del 91. Este caso, por no mencionar otros tantos, opacó la llama que en materia de descentralización venía consolidándose más o menos bien.

     Sin embargo, entrada la segunda década del presente siglo, volvieron a darse las condiciones para generar un proceso descentralizador jamás visto en Colombia. De acuerdo con expertos en desarrollo Regional y descentralización como Carlos Córdoba Martínez, “estamos actualmente en un buen momento para generar una agenda en desarrollo regional en todo el país”. Según el citado autor, “en buena parte el proceso se ha dado por la creación de las regiones administrativas y de planeación, R.A.P., establecidas tanto en la Constitución como en la Ley de Ordenamiento Territorial, L.O.T.

     Estas Regiones, a diferencia de los Corpes y otros ensayos del pasado, nacen de la voluntad de dos o más departamentos que quieran asociarse. La primera en conformarse en 2014 fue la Región Central, de la cual fueron socios Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta y Bogotá. Luego, en 2017, se conformó la R.A.P., del Pacifico, con los cuatro departamentos que tienen territorio sobre ese litoral. En esta onda entró, incluso, el Caribe que en 2010 sometió a las urnas la posibilidad de crear una Región, propuesta que fue masivamente apoyada por 2,5 millones de votos, pero que, lamentablemente, luego se enredó en peleas de elites políticas, lo cual congeló el proceso: mataron el tigre, ¡luego se asustaron con el cuero! Felizmente, en 2017, se conformó la RAP Caribe, también el año pasado dieron el paso los departamentos del Eje Cafetero —Caldas, Risaralda y Quindío— y conformaron su Región (Carlos Córdoba Martínez, Enero/ 28/ 2019. Revista semana).

     De otro lado, en ‘La silla vacía’–Red Caribe, Ángel Tuirán Sarmiento, en el mismo sentido (julio/06-2019), escribe al respecto: “Desde el punto de vista institucional el proceso constituyente definió la Región primero como unidades territoriales que cumplen funciones de planificación, u otras puramente administrativas, y luego como entidades territoriales, en el que se le suma a la definición anterior un contenido político reconociendo a la comunidad que habita estos territorios la autonomía para organizarse, y ejercer competencias que ya no son simplemente  administrativas. Pero, se condiciona su implementación a la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT)”.

     En esta dirección, una cosa es que una Región cumpla funciones solamente de planificación y administración y otra, muy distinta, que cumpla funciones políticas autónomas con instituciones propias como gobierno, conforme a un mandato, como el realizado por el voto caribe en 2010 encabezado por el gobernador Verano De la Rosa y los demás gobernadores de la Región, que contó en su momento con el respaldo de la academia, los empresarios y los medios de comunicación.

     En suma, todo parece estar servido para generar el Estado Regional del Gran Caribe colombiano, y es perentorio esperar que, esta vez, la elite política regional “no tuerza la cola, al final como la puerca”, por lo mismo, se requiere que piensen como Región, más allá de sus intereses particulares. Crear la Gran Región Caribe, requiere hurgar para rescatar de las profundidades de nuestra tradición oral, el mito fundacional y, si es del caso, inventarlo, así como inventó la tradición semita el mito Adámico o el de Jesús.

     Necesitamos plantearnos como unidad territorial una utopía con los pies sobre la tierra, que nos funde como Nación. Por eso, el semanario web El Muelle Caribe, se suma en buena hora a la tarea juiciosa y fascinante de ser protagónicos de nuestra historia y clavarnos como la estaca, en el corazón del mundo.

     No perdamos más el tiempo, en estos momentos de efervescencia y calor. Ha llegado la hora.

PDTA: “Sueñe la talla del día, del día que fui, del que soy. Que el de mañana, alma mía, lo tengo soñado hoy”.