Abogado Luis Antonio Fuentes Arredondo.

Por José Orellano

     Definido y para siempre ha quedado —mandato del Consejo de Estado— el concepto jurídico de que el agotamiento del requisito de “procedibilidad de la conciliación judicial ante la Procuraduría no es exigible” cuando se discuten “derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables”.

El abogado Luis Antonio Fuentes Arredondo no duda en recurrir a la Constitución y las Leyes para sus actuaciones en derecho.

     Apegado a la Constitución Política y sobre la base de una acertada interpretación del espíritu del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, el abogado Luis Antonio Fuentes Arredondo ha logrado, mediante fallo del Consejo de Estado, la revocatoria de un auto del Tribunal Administrativo de Casanare que ordenaba el trámite de conciliación extrajudicial en un litigio por reconocimiento de pensión de jubilación.

     La providencia de la máxima autoridad de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo​ en Colombia es una admisión plena a la tesis de quien es Doctor en Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora en Buenos Aires Argentina, con Especialización y Maestría en Derecho Procesal Constitucional, el abogado Fuentes Arredondo —hombre Caribe, natural de La Paz, Cesar— y quien, mediante escrito de apelación al auto aludido, había considerado que este requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial no es exigible cuando las prestaciones se refieren al pago de las prestaciones periódicas o de una pensión.

     Tres años después de haber apelado ante la misma magistratura la sentencia suscitada en desarrollo de un ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento de derecho en el marco de un litigio de carácter pensional, Fuentes Arredondo considera que su argumentación se sustenta, única y exclusivamente, en la aplicación del artículo 53 de la Constitución Política de 1991 que establece, como mandato de optimización, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos tanto en las normas laborales como de la seguridad social y garantiza, además, que nada ha de menoscabar los derechos de los trabajadores.

“El fallo del Consejo de Estado es una reiteración de que ejercemos el derecho con apego a las normas establecidas y consolida la credibilidad que hemos alcanzado”, sostiene el Doctor en Derecho, con Especialización y Maestría en Derecho Procesal Constitucional.

     Cabe precisar que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se caracteriza porque se ejerce no solo para garantizar la legalidad en abstracto, sino para obtener el reconocimiento de una situación jurídica particular y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento o reparación.

     “Para mi empresa consultora —Asopensiones Colombia—, el fallo del Consejo de Estado es una reiteración de que ejercemos el derecho con apego a las normas establecidas y consolida la credibilidad que hemos alcanzado, con ética y moral, en el ejercicio de nuestro deber”, ha dicho Fuentes Arredondo.

     El Doctor en Derecho insiste en que “la conciliación extrajudicial no es exigible cuando el asunto en litigio se refiera al pago de las prestaciones periódicas, pensiones, por ejemplo, o cuando son asuntos no conciliables”.

     Con esta decisión se abren las puertas, para que, una vez agotada la actuación administrativa, los reclamantes puedan acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La prensa casanareña ha destacado el importante logro alcanzado por el abogado de La Paz, Cesar, Luis Antonio Fuentes Arrendondo, ante auto del Tribunal Administrativo de Casanare, gracias al fallo en última instancia del Consejo de Estado.

     Para el Consejo de Estado, tuvo plena validez el concepto de Fuentes Arredondo cuando este sostuvo, en su apelación, que las pretensiones relativas al reconocimiento de pensiones y a su reliquidación no están sometidas al requisito de procedibilidad, por cuanto “no se puede transigir ni conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles, ni se puede renunciar a ellos, sin perjuicio de que las partes acudan voluntariamente a dicho mecanismo”, voluntariamente, no por obligación procedimental.

     Pero ese acuerdo conciliatorio voluntario, estará limitado a que no se menoscaben los derechos en litigio y a que no se renuncie a los mínimos establecidos en las normas laborales y al derecho a la seguridad social.

     Todo lo cual, en todo caso, precisa el Consejo de Estado —siempre sobre el concepto del abogado Luis Antonio Fuentes Arredondo—, debe ser verificado en la instancia judicial pertinente.

     Las razones de Fuentes Arrendodo fueron vistas como suficientes por el Consejo de Estado para revocar el auto del Tribunal Administrativo de Casanare, que —como lo argumentó el abogado con Especialización y Maestría en Derecho Procesal Constitucional— no tuvo en cuenta que la reliquidación de una pensión “es un derecho que goza de irrenunciabilidad e imprescriptibilidad, además de ser personalísimo e inalienable y, en últimas, no conciliable.

     Tal colegiatura no tuvo en cuenta, que cuando se reclama un derecho cierto e indiscutible, este no es susceptible de conciliación. “Razón por la cual, insisto en ello, el requisito de procedibilidad no es exigible a la luz de la normatividad constitucional y legal”, puntualiza Fuentes Arredondo.

     El Consejo de Estado/2019, hubo de pronunciarse mediante providencia del consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter, mientras que el auto del Tribunal Administrativo de Casanare/mayo 2016, había sido proferido con ponencia del magistrado Néstor Trujillo González.