Entre lo constitucional y
el poder político: Covid-19

     El planeta tierra —creación divina— se encontraba girando en sus actividades diarias tales como el sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios en el país: micro y macroeconomía.

     Surgió de lo inexplicable, lo insólito, la propagación del virus (covid-19). Por consiguiente, el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró al coronavirus: Covid – 19, como un brote de emergencia de salud pública del orden mundial.

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     De inmediato, el Gobierno colombiano, por intermedio del ministerio de Salud y Protección Social, mediante resolución No. 380 del 10 de marzo de 2020 adoptó, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena —por causa del Covid – 19—, de las personas que arribaran a Colombia procedentes de la República Popular de China, de Italia, de Francia y de España.

     (…) Las medidas que se han adoptado hasta el momento se pueden clasificar en tres fuentes primordiales, a saber, medidas sanitarias y de emergencia sanitariamedidas de emergencia social, económica y ecológica y medidas de orden público y otras de carácter ordinario”.

     Así las cosas, la sociedad mundial empezaba asimilar el hecho con pánico de esta pandemia. Entonces, los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipales proferían los respectivos actos administrativos que buscaban implementar las diferentes medidas sanitarias en cumplimiento a sus funciones y competencias otorgadas por la Ley y la Constitución Política.

     Es pertinente recordar el artículo 2 de la Constitución, que establece que son fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

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     Teniendo en cuenta las circunstancias en tiempo, modo y lugar, el ministerio de Salud y Protección Social, en virtud de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus y se  adoptaron medidas para afrontar el virus y, en concordancia con el decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de tomar las medidas pertinentes a efectos de enfrentar el Covid 19.

     Se hace necesario indicar que, por considerar la pandemia Covid -19 un hecho cierto y cumplido que arrasa y amenaza el orden económico y social del país de manera inminente y constituye una grave calamidad pública, el Gobierno declara el Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en todo el territorio nacional mediante decreto 637 del 6 de mayo de 2020. Imperan fundamentos para la protección del derecho al trabajo y el sistema económico colombiano. Esta normatividad señala que, por intermedio la declaratoria referida se busca “mitigar la crisis ante la inminente destrucción sistemática de los puestos de trabajo con el impacto negativo que esto conllevaría en la economía, no sólo de las familias colombianas sino de todo el sistema económico colombiano”, así como la posibilidad de adoptar “todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”.

     En ese sentido, el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012, consagra que “los gobernadores y alcaldes son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción”.

     De lo expuesto, y de manera articulada con el Gobierno nacional, el distrito capital ejerció de manera inmediata los preceptos legales mediante sus atribuciones conferidas en lo estipulado en el artículo 86 del Decreto 1421 de 1993, del Sub-Judice:

Fuente: estadísticas covid-19 – sujeta a variación diaria.

     “(…) La administración distrital, con ocasión a la emergencia social decretada por la aparición del Coronavirus Covid– 19, ha implementado una serie de medidas con el fin de mitigar el impacto social y económico que el confinamiento ha generado en la ciudadanía.

     De igual forma, mediante la expedición del Decreto 108 de 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá creó el Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y Reactivación Económica de Bogotá D.C. frente a la pandemia del Covid-19, para la preservación de empleos y el tejido empresarial del distrito capital y, en particular de la micro, pequeña y mediana empresa, y el cual está compuesto por los siguientes ejes estratégicos:

  1. Potenciar los sectores de oportunidad.
  2. Mitigación de impactos y reactivación.
  3. Protocolo sectorial para el funcionamiento de la economía ante los diferentes grados de confinamiento”. 

     DECRETO No. 007 DEL 4 de ENERO de 2021

     “Por el cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en las localidades de Usaquén, Engativá y Suba y se toman otras determinaciones”.

     Artículo 8.- INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS. Todas las disposiciones contempladas en el presente decreto son de estricto cumplimiento para los habitantes y residentes en el distrito capital. Su incumplimiento podrá acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, tales como amonestación, multa, suspensión de actividad, cierre de establecimiento y demás aplicables, sin perjuicio de incurrir en las conductas punibles previstas en la Ley 599 de 2000”.

     Toca entonces, analizar, juzgar, elevar señalamientos constructivos, a la fecha; a más de un año de la pandemia: I) ¿Las medidas adoptadas, implementadas por las autoridades en el territorio nacional han sido eficaces para mitigar, reducir o evitar tanta tragedia humana y económica en este país? II) ¿Es viable y prevalece más la reactivación económica que la integralidad y cuidado a la vida? Empero, sin haber implementado un confinamiento total, con medidas más estrictas a tiempo.

     Si bien es cierto que se han evidenciado hechos cumplidos, rebeldía de poder político y económico —lo cual ha causado, en circunstancias, un presunto incumplimiento al deber-ser de la función pública, lo que conlleva a que la articulación administrativa carezca de esfuerzos para remar hacia el mismo horizonte—, impera en línea constitucional el “Derecho fundamental a la vida”.

     De lo general a lo particular, la expedición de muchos actos administrativos, decretos, circulares, leyes. Pero lo cierto es que con esa manifestación de la administración gubernamental se han visto más afectados que beneficiados varios sectores de la economía —desigualdad económica y jurídica—. Ahora bien, entre la verdad verdadera y la verdad jurídica, a este punto de la pandemia surge la recomendación del autocuidado y, sin embargo, en muchas ocasiones en vano, por lo cual se incrementa acechante la condición de asintomáticos. Aun más, organizando aglomeraciones sociales-desobediencia social, inclusive incumpliendo los diferentes protocolos de bioseguridad y las medidas sanitarias dentro de la problemática sanitaria pública que se evidencia… ¿Qué hacer?…

Fuente: Estadísticas coronavirus – sujeta a variación.

     Del contexto precedente, no puede quedar aislado el estado en cuidados intensivos en que se encuentra la Costa caribe, específicamente el Atlántico y La Guajira, bien sea por el proceso de reactivación económica, la indisciplina regional o tal vez la ineficacia de medidas sanitarias y de orden público de las autoridades, lo cual permitió el aumento de contagios del Covid-19, causado por la alta economía informal que evidencia la presencia latente del hambre. Sin embargo, surge la pregunta hasta donde es medible en muchas partes del país la desobediencia o indisciplina social olvidando el autocuidado en el accionar que se activa por cada núcleo familiar. ¡Dios nos libre!

     A propósito, después de varias semanas de estar activo el plan nacional de vacunación, la ciudadanía civil sufre descontento y desilusión, por los diferentes procedimientos impartidos por el Gobierno nacional. No obstante, tal vez, se considera ineficacia por la logística por parte de los gobiernos territoriales, entre la escasez de vacunas y la ineptitud administrativa.

     Corolario: conexo a esta situación, el pueblo, agobiando, con sus recursos económicos minimizados, implora la garantía de sus derechos fundamentales… No aguanta más la insensibilidad gubernamental que desconoce el “Estado Social de Derecho”.

     Era inevitable, pero se esperaba la espuma abrumadora entre protesta legal y manifestación con violencia y vandalismo. Sin embargo, es el nuevo sentir de un pueblo agobiado por las múltiples decisiones bajo un interés particular que trasgrede normas y desconoce el interés general: la reforma Tributaria.

El Tribunal de Cundinamarca prohibió, el pueblo colombiano desobedeció, desacató... Imagen tomada de El Colombiano.

     Procede elevar la siguiente tesis: ¿Qué país están construyendo, mientras se deteriora entre la corrupción, la burocracia y la inseguridad jurídica generada por el mismo Estado?

     El Tribunal de Cundinamarca, en decisión personal de última hora de una magistrada, determinó suspender la protesta social del 28 “hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad”. Decisión judicial para la desobediencia y el desacato: se desarrolló la protesta de una manera enérgica, desconociendo lo ordenado en el fallo reciente.

     Por supuesto, la propagación del virus ha generado desgracia en muchas familias colombianas y del mundo entero… Es hora de seguir generando autocuidado y mayor consciencia en los afanes por la vida, porque lo cierto es que no hay fecha precisa que indique la terminación de este contagio. Considero que las autoridades competentes han aunado esfuerzos para mitigar toda propagación, pero no ha sido suficiente por los múltiples intereses particulares que rodean el sistema económico y financiero del país.

     En tal sentido, un llamado de atención y preocupación como veedor ciudadano por la apertura de las investigaciones preliminares relacionadas por presuntos detrimento patrimonial que se originaron al principio de la pandemia, evidenciadas por los entes de control —Contraloría, Fiscalía y Procuraduría— en las diferentes contrataciones irregulares suscritas entre entidades territoriales y particulares o contratistas, generando la lesión, la perdida y el deterioro de los recursos públicos que, a la postre, pertenecen a los colombianos.