Un editorial sobre la caótica situación de Venezuela en los últimos años, agudizada por las anomalías que rodean los resultados de la reciente elección presidencial. Y Monokuko, sobre la ‘paz’.

EDITORIAL

Aquel país prometedor

En los últimos años, Venezuela ha sido el epicentro de una crisis humanitaria y política devastadora. En otrora el país más rico de la región, hoy día muchísimos son los venezolanos que a duras penas sobreviven.

Cuna de Simón Bolívar —bastión de la libertad y de la garantía de derechos ciudadanos— , el vecino país, alguna vez prometedor con sus vastos recursos naturales y una población vibrante, se encuentra sumido en un caos que afecta a todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos.

Y no queda la más mínima duda de que la situación actual venezolana es el resultado de una combinación de malas decisiones de política interna, corrupción endémica y una economía en ruinas, lo que ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes y a una desestabilización regional.

El colapso económico de Venezuela es, sin duda, uno de los factores más visibles de esta crisis. Durante años, el país se benefició de sus enormes reservas de petróleo, que alguna vez fueron la columna vertebral de su economía. Sin embargo, la administración del gobierno, caracterizada por una combinación de mala gestión y corrupción, ha llevado a la industria petrolera al borde de la quiebra. La caída de la producción de petróleo ha tenido un efecto dominó en toda la economía: inflación galopante, devaluación del bolívar y escasez de bienes básicos han convertido la vida cotidiana del venezolano en una lucha constante por sobrevivir.

En la esfera política, el país se encuentra atrapado en una lucha de poder que ha exacerbado aún más la crisis. La división y la polarización entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por de María Corina Machado —mujer valiente y resuelta— han creado un ambiente de inestabilidad constante.

Desde quinquenios atrás, las elecciones y los procesos políticos han sido cuestionados por su falta de transparencia y credibilidad, lo cual ha contribuido a la desconfianza generalizada entre los ciudadanos. La represión política y la violación de los derechos humanos han llevado a un ambiente en el que la libertad de expresión y el derecho a la protesta se han visto severamente comprometidos.

Tras las elecciones del domingo 28 de julio, con la decisión del Consejo Nacional Electoral de proclamar ganador, sin mostrar las actas, al presidente Nicolás Maduro —acción que todo el mundo considera como burdamente amañada, un monumental fraude electoral—, los cacerolazos y las manifestaciones masivas estallaron en casi todo el país. En Caracas, desde sectores que por años fueron fortín chavista —Petare, por ejemplo— en esta ocasión no aguantaron más y salieron a protestar no solo contra los increíbles resultados electorales manejados por el oficialismo, sino también contra la forma de gobierno, contra Maduro, quien, sin embargo, sigue proclamándolos como suyos.

La protesta generalizada se adueñó de Venezuela desde el momento mismo de la declaratoria del CNE y ante esa creciente indignación ciudadana, el régimen madurista con colectivos armados a su favor, ha tratado de acallarla mediante el uso de la fuerza bruta y la acción armada.

Hasta el momento se cuentan 17 muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos, sin distingo de género —todos manifestantes—, y una de las escenas más patéticas de las acciones represivas registra el momento en que una mujer es sacada a la fuerza de su casa en ropa interior y secuestrada por motociclistas armados, los famosos colectivos del régimen.

Mientras Maduro está convencido de que se atornillará a la silla del poder por largos quinquenios y la oposición, amenazada por el régimen, reclama, quizá con justa razón, el triunfo en los comicios presidenciales del 28, el país asiste a un vulgar asalto a la sede nacional de María Corina y al robo de equipos y documentos. Sucedió en la madrugada de este viernes 2 de agosto.

En ese marco, la crisis humanitaria crece, la situación caótica del país es cada vez más profunda y alarmante, al tiempo que, medios no gubernamentales, informan de que la escasez de alimentos y medicinas ha alcanzado, nuevamente, niveles críticos y que el acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad se ha convertido en un lujo para muchos.

Esas mismas voces sostienen que la tasa de malnutrición infantil ha aumentado drásticamente y que las enfermedades que antes estaban controladas, han retornado con fuerza debido a la falta de medicamentos y de atención médica.

Además, la migración masiva de venezolanos hacia países vecinos ha puesto una presión adicional sobre las economías y sistemas sociales de los países de la región, creando una crisis migratoria que demanda atención internacional.

Son 8 millones de venezolanos los que hasta el momento han salido del país dejando abandonadas a sus familias y se cree que ese número puede multiplicarse exponencialmente como consecuencia del terror en que se vive tras la situación originada por el manejo oficialista de las elecciones.

En medio de este caos, la comunidad internacional ha mostrado una mezcla de respuestas. Si bien ha habido condenas y sanciones dirigidas a los responsables de la crisis, la falta de una estrategia unificada y efectiva ha limitado el impacto real en el terreno. Las ayudas humanitarias, aunque necesarias, a menudo se ven atrapadas en un laberinto de burocracia y corrupción, y los esfuerzos por mediar en la crisis política han tenido resultados limitados. Es fundamental que la comunidad internacional encuentre una forma de actuar de manera coordinada, proporcionando apoyo tanto a los ciudadanos afectados como a las naciones que están recibiendo a los migrantes venezolanos.

La sociedad venezolana, a pesar de los desafíos monumentales, ha demostrado una resistencia y una determinación admirables. Las organizaciones no gubernamentales y los grupos de voluntarios han trabajado incansablemente para proporcionar ayuda a las personas en necesidad y para crear una red de apoyo en medio del caos. Esta resiliencia es una luz de esperanza en medio de la oscuridad, y muestra que, incluso en las circunstancias más difíciles, la solidaridad y el compromiso con el bienestar de los demás pueden marcar una diferencia significativa.

El caos en Venezuela no es un problema que pueda ser ignorado o abordado de manera superficial. Requiere una reflexión profunda y un enfoque multifacético que involucre tanto soluciones internas como externas. Dentro del país, es imperativo que se promueva un diálogo genuino y constructivo entre todas las partes interesadas, buscando soluciones que aborden las causas profundas de la crisis y no solo sus síntomas. La restauración de la confianza en las instituciones, la lucha contra la corrupción y la creación de un sistema económico sostenible deben ser prioridades.

Externamente, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para apoyar a Venezuela en su recuperación, proporcionando asistencia humanitaria efectiva y colaborando en la búsqueda de una solución política inclusiva y pacífica. Los países vecinos también tienen un papel crucial en la integración de los migrantes venezolanos y en la coordinación de respuestas regionales a la crisis.

En última instancia, el caos en Venezuela es un recordatorio doloroso de las fragilidades inherentes a las sociedades y sistemas políticos, y de la importancia de la acción conjunta y la solidaridad global. La crisis en Venezuela es una llamada de atención para todos nosotros, instándonos a reconocer la humanidad compartida que nos une y a trabajar juntos para construir un futuro en el que todos puedan vivir con dignidad y esperanza. Solo a través de un esfuerzo concertado y una determinación colectiva podremos ayudar a Venezuela a emerger de esta tormenta y avanzar hacia un futuro más prometedor y justo.

Por el momento, esperemos en qué termina —para bien o para mal— el anuncio del secretario general de la Organización de los Estados Americanos-OEA, Luis Almagro, de solicitar a la Corte Penal Internacional el arresto del presidente Maduro por “el baño de sangre”, los 17 muertos que hasta ahora cobra la caótica situación venezolana. Sobre la cual, Estados Unidos ha dicho que su paciencia y la de otros países, “se está acabando”.