Para recordar ciertos abusos policiales —en especial contra negros—, está escrita la historia de Jair Castillo Cuama. Falsamente acusado, tres años después se demostró su inocencia. Imperó la justicia racial.
Justicia para Jair Castillo Cuama, un
afrodescendiente de Buenaventura
Condenan a patrullero policial por montaje que mantuvo detenido, por más de un año, a un inocente.
La historia de Jair Castillo Cuama es un recordatorio doloroso de las fallas estructurales en el sistema de justicia colombiano y de los prejuicios raciales que aún persisten.
El 23 de noviembre de 2021, en las agitadas calles de Buenaventura, Castillo Cuama, un ciudadano de raza negra, fue detenido tras un incidente de tránsito que nunca debió trascender.
Los patrulleros Luis Hernando Pinzón Vega y Cenen Valencia Montenegro no solo lo acusaron falsamente de portar un arma ilegal, sino que también lo vincularon con el homicidio de un menor, Marwin Samir Bonilla.
Lo que siguió fue un montaje policial que mantuvo a Jair privado de su libertad por más de un año.
Durante el proceso judicial, liderado por el colectivo Justicia Racial bajo la dirección del abogado Ali Bantú Ashanti, se desmantelaron las falsas acusaciones. Videos, testimonios de testigos y peritajes confirmaron que Castillo Cuama no portaba armas y que las pruebas en su contra habían sido fabricadas.
Este montaje no solo expuso la corrupción de algunos miembros de la fuerza pública, sino también la fragilidad de las garantías procesales para ciudadanos vulnerables, en especial afrodescendientes.
Finalmente, el 3 de octubre de 2024, casi tres años después de aquel fatídico 23 de noviembre de 2021, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Buenaventura declaró a Jair Castillo Cuama inocente y precluyó su caso.
Aunque la sentencia exonera a Jair, el daño ya está hecho: más de un año de su vida había sido robado por un sistema que debería protegerlo. En contraste, el patrullero Pinzón Vega, quien aceptó ser coautor de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y privación ilegal de la libertad, fue condenado a 45 meses de prisión —tres años y nueve meses—, una multa de 100 salarios mínimos, suspensión de ciertos derechos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 36 meses.
Aún queda pendiente el juicio contra el patrullero Cenen Valencia Montenegro, cuya audiencia se ha programado para el 4 de abril de 2025. La expectativa es que este caso también sea resuelto con la misma claridad y rigor que el de Pinzón Vega, y que se haga justicia plena.
El acompañamiento del colectivo Justicia Racial fue clave para desmontar el caso. Este grupo, liderado por profesionales comprometidos, también puso en evidencia cómo los prejuicios raciales y la falta de diligencia agravan las situaciones de injusticia en comunidades vulnerables. La lucha de Ali Bantú Ashanti y su equipo no solo rescató la libertad de un hombre inocente, sino que también sentó un precedente importante en la búsqueda de equidad y respeto por los derechos humanos.
Jair Castillo Cuama es ahora libre, pero la marca de la injusticia vivida perdurará. Su historia, sin embargo, también puede ser un faro de esperanza y un llamado a la acción para construir un sistema judicial más justo y humano. Que su nombre, alguna vez manchado por falsedades, sea recordado como un símbolo de resistencia y triunfo contra la adversidad.